domingo, abril 18, 1999

domingo, abril 04, 1999

Entrevista a Noam Chomsky: Libia y las crisis que se avecinan



1. ¿Cuáles son las razones que mueven a EE.UU. en las relaciones internacionales, en el sentido más amplio? Es decir, ¿cuáles son las razones dominantes y los temas que se pueden detectar casi siempre en las opciones de las políticas de EE.UU., en cualquier lugar del mundo? ¿Cuáles son las razones más concretas, aunque también dominantes, y los temas de las políticas de EE.UU. en Oriente Próximo y el mundo árabe? Y, por último, ¿cuáles cree usted que son los objetivos más inmediatos de la política de EE.UU. en la situación actual en Libia?

Una manera útil de abordar la cuestión es preguntarse cuáles NO son las razones de EE.UU. Podemos averiguarlas de diferentes maneras. Una de ellas es leer la literatura profesional sobre relaciones internacionales: con bastante frecuencia, su relato de la política es lo que la política no es, un tema interesante que no voy a desarrollar aquí.

Otro método, muy relevante en este caso, es escuchar a los líderes y comentaristas políticos. Supongamos que se dice que las razones de la acción militar han sido humanitarias. En sí misma, esta afirmación no contiene información: prácticamente todos los recursos a la fuerza se justifican en esos términos, incluso lo hacen los peores monstruos, que pueden, con total irrelevancia, llegar a convencerse de la verdad de lo que están diciendo. Hitler, por ejemplo, pudo creer que se estaba apoderando de partes de Checoslovaquia para poner fin a los conflictos étnicos y llevar a su pueblo los beneficios de una civilización avanzada, y pudo creer también que su invasión de Polonia iba a poner fin al “terror salvaje” de los polacos. Los fascistas japoneses que arrasaron China probablemente creían que estaban su desinteresada iniciativa iba a para crear un “paraíso terrenal” y proteger a la doliente población de los “bandidos chinos”. Incluso Obama puede haber creído lo que dijo en su discurso presidencial el 28 de marzo sobre las razones humanitarias para su intervención en Libia. Y otro tanto puede decirse de los comentaristas.

Se las puede someter, sin embargo, a una prueba muy simple, para determinar si las nobles intenciones pueden ser tomadas en serio: ¿llaman los autores a la intervención humanitaria y la “responsabilidad de proteger” a las víctimas de sus propios crímenes o a las de sus clientes? Tomemos, por ejemplo, a Obama: ¿convocó a una zona de exclusión aérea durante la asesina y destructora invasión israelí, respaldada por Estados Unidos, de Líbano, en 2006, sin ningún pretexto creíble? ¿Acaso, no explicó con orgullo durante su campaña presidencial que él había patrocinado una resolución del Senado de apoyo a la invasión, en la que se pedía el castigo de Irán y Siria por impedirla? Fin de la discusión. De hecho, prácticamente toda la literatura de la intervención humanitaria y el derecho a proteger, escrita o hablada, desaparece tras esta prueba sencilla y adecuada.

Por el contrario, de las razones REALES poco se habla, y uno tiene que escudriñar los archivos documentales e históricos para descubrirlas, sea el Estado que sea.

¿Cuáles son entonces las razones de EE.UU.? A un nivel muy general, la evidencia me parece que demuestra que no han cambiado mucho desde los estudios de planificación de alto nivel iniciados durante la Segunda Guerra Mundial. Los planificadores en tiempo de guerra daban por sentado que EE.UU. saldría de la guerra en una posición de dominio abrumador, e instaron al establecimiento de una Gran Zona en la que EE.UU. mantuviera un “poder incuestionable” con “supremacía militar y económica”, que garantizase al mismo tiempo la “limitación de cualquier ejercicio de la soberanía” por parte de otros Estados, que pudiera interferir con sus designios globales. La Gran Zona debía incluir el Hemisferio Occidental, el Lejano Oriente, el Imperio británico (que incluía las reservas de energía de Oriente Próximo) y la parte de Eurasia que fuera sea posible, al menos su centro industrial y comercial en el Oeste del continente europeo. Está muy claro, basándose en registros documentales que “el presidente Roosevelt tenía por objetivo la hegemonía de Estados Unidos en el mundo de la posguerra”, para citar la precisa valoración del respetable historiador británico Geoffrey Warner. Y, más importante, los minuciosos planes de tiempo de guerra se llevaron a la práctica poco después, como podemos leer en los documentos desclasificados de los años siguientes, y como podemos observar en la práctica. Las circunstancias han cambiado, por supuesto, y las tácticas se han ajustado en consecuencia, pero los principios básicos son bastante estables, hasta el presente.

Con respecto a Oriente Próximo –la “región de mayor importancia estratégica del mundo”, en palabras del presidente Eisenhower– la principal preocupación ha sido y sigue siendo sus incomparables reservas energéticas. El control de éstas daría el “control sustancial del mundo”, como vio muy pronto el influyente asesor liberal A.A. Berle. Estas preocupaciones suelen ocupar un lugar prominente en los asuntos relativos a esta región.

En Iraq, por ejemplo, cuando las dimensiones de la derrota de Estados Unidos. ya no podían ocultarse, la retórica fue desplazada por un honesto anuncio de los objetivos de la política. En noviembre de 2007, la Casa Blanca emitió una declaración de principios en la que insistía en que Iraq debía conceder a las fuerzas militares de EE.UU. el acceso por tiempo indefinido, y también en que se debía dar preferencia a los inversores estadounidenses. Dos meses más tarde, el presidente informó al Congreso que iba a pasar por alto cualquier legislación que pudiera limitar el estacionamiento permanente de las fuerzas armadas de EE.UU. en Iraq o “el control por parte de Estados Unidos de los recursos petrolíferos de Iraq”, exigencias que abandonó poco después ante la resistencia iraquí, al igual que tuvo que abandonar los objetivos anteriores.

Si bien el control del petróleo no es el único factor en la política de Oriente Próximo, ofrece en cambio algunas directrices bastante acertadas, antes como ahora. En un país rico en petróleo, a un dictador de confianza se le garantiza una libertad de acción casi total. En las últimas semanas, por ejemplo, no ha habido reacción alguna cuando la dictadura de Arabia Saudí utilizó la fuerza masiva para aplastar cualquier signo de protesta. Otro tanto en Kuwait, donde unas pequeñas manifestaciones fueron aplastadas al instante. Y en Bahrein, cuando las fuerzas armadas dirigidas por Arabia Saudí intervinieron para proteger al monarca de la minoría sunita de las demandas de reformas por parte de la población chií reprimida. Las fuerzas gubernamentales no solo desmantelaron el campamento de la Plaza de la Perla –la Plaza Tahrir de Bahrein– sino que llegaron a demoler la estatua de la Perla que es el símbolo de Bahrein y de la que se habían apropiado los manifestantes. Bahrein es un caso particularmente sensible, ya que alberga la Sexta Flota de EE.UU. la fuerza militar más poderosa, con mucho, de la región, y también porque el Este de Arabia Saudita, en la puerta de al lado, es también en gran parte chií y tiene las mayores reservas petroleras del reino. Por un curioso accidente de la geografía y la historia, la mayor concentración de hidrocarburos del mundo rodea la parte norte del Golfo, en regiones de mayoría chií. La posibilidad de una alianza tácita chií ha sido la pesadilla de los planificadores desde hace mucho tiempo.

En los estados que carecen de grandes reservas de hidrocarburos, las tácticas varían, aunque por lo general se ajustan siempre al mismo esquema estándar cuando uno de nuestros dictadores tiene problemas: apoyarlo el mayor tiempo posible y, cuando resulta imposible, hacer pública declaración de amor a la democracia y los derechos humanos, tratando a la vez de salvar la mayor parte del régimen que sea posible.

El escenario es aburridamente familiar: Marcos, Duvalier, Chun, Ceasescu, Mobutu, Suharto y muchos otros. Y hoy, Túnez y Egipto. Siria es un hueso duro de roer y no hay una alternativa clara a la dictadura que apoye los objetivos de EE.UU. Yemen es un cenagal en el que la intervención directa probablemente crearía problemas aún mayores a Washington. Así que ahí la violencia estatal sólo produce declaraciones piadosas.

Libia es un caso diferente. Libia es rica en petróleo, y aunque EE.UU. y el Reino Unido han proporcionado con frecuencia un apoyo notable a su cruel dictador, hasta ahora, éste no es de confianza. Preferirían un cliente más obediente. Además, el vasto territorio de Libia está poco explorado, y los especialistas de la industria petrolera creen que puede haber abundantes recursos petrolíferos sin explotar, que un gobierno más previsible podría abrir a la explotación occidental.

Cuando comenzó un levantamiento no violento, Gadafi lo aplastó violentamente y estalló una rebelión que liberó Bengazi, la segunda ciudad más grande del país, y parecía a punto de asediar la fortaleza de Gadafi en el Oeste. Sus fuerzas, sin embargo, cambiaron el curso del conflicto y llegaron a las puertas de Bengazi. Una masacre era probable, y como el asesor de Obama para Oriente Próximo, Dennis Ross, señaló “todo el mundo nos culparía por ello.” Eso sería inaceptable, al igual que una victoria militar que potenciase el poder y la independencia de Gadafi. Ante esta tesitura, EE.UU. se unió a las Naciones Unidas en la resolución 1973, que establece una zona de exclusión aérea a cargo de Francia, el Reino Unido, y EE.UU., en la que este país podría tener un papel secundario.

No se hizo ningún esfuerzo para limitar la acción a la creación de una zona de exclusión aérea o siquiera a mantenerse en el mandato más amplio de la resolución 1973.

El triunvirato interpretó inmediatamente la resolución como una autorización para su participación directa del lado de los rebeldes. Se impuso por la fuerza un alto el fuego a las fuerzas de Gadafi, pero no a los rebeldes. Por el contrario, se les dio apoyo militar a medida que avanzaban hacia el Oeste, y enseguida se hicieron con las principales fuentes de producción de petróleo de Libia, y estuvieron listos para seguir adelante.

El flagrante desprecio de la resolución 1973 de las Naciones Unidas pronto comenzó a causarle dificultades a la prensa, ya que era demasiado grave ignorarlo. En el New York Times, por ejemplo, Karim Fahim y David Kirkpatrick (el 29 de marzo) se preguntaban “cómo podrían justificar los aliados sus ataques aéreos contra las fuerzas del coronel Gadafi en torno a [su centro tribal de] Sirte si, como parece ser el caso, goza de amplio apoyo en la ciudad y no representa una amenaza para los civiles.” Otra dificultad técnica es que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad exige un embargo de armas que se aplique a todo el territorio de Libia, lo que significa que cualquier aporte externo de armas a la oposición tendría que ser encubierto (pero, de otro modo, no problemático).

Hay quien argumenta que el petróleo no puede ser una razón, porque las compañías occidentales ya disfrutaban de acceso al botín bajo Gadafi. Este razonamiento ignora las preocupaciones de EE.UU. Lo mismo podría haberse dicho de Iraq bajo Saddam, o de Irán o Cuba durante muchos años, y aún hoy en día. Lo que Washington pretende es lo que Bush anunció: control o, por lo menos, clientes de confianza. Documentos internos estadounidenses y británicos subrayan que “el virus del nacionalismo” es su mayor temor, no sólo en el Oriente Próximo sino en todas partes. Regímenes nacionalistas que pudieran llevar a cabo ilegítimos ejercicios de soberanía, violando los principios de la Gran Zona. Y que pudieran tratar de dirigir los recursos a cubrir las necesidades populares, como Nasser amenazaba ocasionalmente con hacer.

Vale la pena señalar que las tres potencias imperialistas tradicionales –Francia, Reino Unido, EE.UU. – están casi aisladas en la realización de estas operaciones. Los dos principales estados de la región, Turquía y Egipto, probablemente podrían haber impuesto una zona de exclusión aérea, pero sólo ofrecen un tibio apoyo a la campaña militar del triunvirato. Las dictaduras del Golfo estarían felices de ver desaparecer al errático dictador libio, pero a pesar de estar sobrecargadas de hardware militar de último modelo (servido generosamente por EE.UU. y Reino Unido para reciclar los petrodólares y asegurar su obediencia), sólo se atreven a ofrecer una participación simbólica (Qatar.)

Si bien apoyan la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la o­nU (UNSC), los países africanos –aparte de Ruanda, aliado de EE.UU.– se oponen en general a la forma en que aquélla ha sido interpretada, a toda prisa, por el triunvirato, y en algunos casos esta oposición es muy firme. Para conocer las políticas de cada uno de los estados africanos véase el artículo del keniata Charles o­nyango-Obbo (http://allafrica.com/stories/201103280142.html).

Más allá de la región hay poco apoyo. Al igual que Rusia y China, Brasil se abstuvo de en la votación de la o­nU de la resolución 1973, instando en cambio a un completo alto el fuego y al diálogo. India también se abstuvo en la resolución, basándose en que las medidas propuestas pueden “agravar una situación ya difícil para el pueblo de Libia”, y también pidió medidas políticas y no el uso de la fuerza. Incluso Alemania se abstuvo. Italia también se mostró reacio, en parte quizá porque es muy dependiente de los contratos petroleros con Gadafi. Además, podemos recordar el genocidio que llevó a cabo Italia en el este de Libia, la zona ahora liberada, tras la primera Guerra Mundial, del que tal vez conserven algunos recuerdos .

2. ¿Puede alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas, apoyar una intervención ya sea realizada por la o­nU o individualmente por algunos países?

Hay dos casos a considerar: (1) una intervención autorizada por la o­nU, y (2), una intervención sin autorización de la o­nU. A menos que creamos que los Estados son sagrados en la forma que se han establecido en el mundo moderno (por lo general mediante una violencia extrema), y que están dotados de derechos que anulan todas las consideraciones imaginables, entonces la respuesta es la misma en ambos casos: sí, al menos en principio . Y no veo motivo para discutir esta creencia, por lo que la voy a dejar de lado.

En lo que respecta al primer caso, la Carta (de las Naciones Unidas) y las resoluciones posteriores otorgan al Consejo de Seguridad una considerable latitud para la intervención, y ésta se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de África del Sur. Esto, por supuesto, no implica que todas las decisiones del Consejo de Seguridad deban tener la aprobación de “alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas”; otras consideraciones entran en juego en casos específicos, pero, una vez más, a menos que otorguemos a los Estados contemporáneos un estatus de entidades prácticamente sagradas, el principio es el mismo.

En cuanto al segundo caso –el que se plantea con respecto a la interpretación que hace el triunvirato de la resolución 1973, junto a otros muchos ejemplos– la respuesta es otra vez afirmativa, al menos en principio, a menos que tomemos el sistema estatal global como algo inviolable en la forma establecida en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados.

Siempre hay, por supuesto, una carga de la prueba muy pesada que es preciso soportar para justificar la intervención por la fuerza, o cualquier otro uso de la fuerza. La carga es especialmente alta en la segunda hipótesis, en casos de violación de la Carta, al menos para los Estados que profesan el respeto de la ley. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la potencia hegemónica mundial rechaza esta postura, y se autoexcluye de las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA, junto a otros tratados internacionales. Al aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, cuando ésta se estableció (conforme a la iniciativa de EE.UU.) en 1946, Washington se excluyó de los cargos de violación de los tratados internacionales, y posteriormente ratificó el Convenio para la Prevención y la Represión del Genocidio, de 1948. con reservas similares. Todas ellas confirmadas por los tribunales internacionales, ya que su procedimientos requieren la aceptación de la jurisdicción. De manera más general, la práctica de EE.UU. es introducir reservas cruciales a los tratados internacionales que ratifica, eximiéndose en la práctica de los mismos.

¿Es soportable la carga de la prueba? No tiene mucho sentido discutir esto de manera abstracta, pero hay algunos casos reales que podrían ayudarnos. En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay dos casos de recurso a la fuerza que, aunque no pueden considerarse como intervenciónes humanitarias, podrían ser legítimamente compatibles: la invasión por parte de India de Pakistán Oriental, en 1971, y la invasión vietnamita de Camboya, en diciembre de 1978; en ambos casos, para poner fin a atrocidades masivas. Estos ejemplos, sin embargo, no entran en el canon occidental de intervención humanitaria, ya que sufren de la falacia de la institución errónea: no los llevaron a cabo los occidentales. Es más, EE.UU. se opuso a ellos encarnizadamente, en el momento álgido de las atrocidades, y luego castigó severamente a los “malhechores” que terminaron con las matanzas de la actual Bangladesh y de la Camboya de Pol Pot. Vietnam no sólo fue duramente condenado, sino también castigado con una invasión china apoyada por Estados Unidos, y con el apoyo militar y diplomático británico-estadounidense a los jemeres rojos camboyanos en sus ataques desde sus bases de Tailandia.

Si bien la carga de la prueba se puede soportar en ambos casos, no es fácil pensar en otros. En el actual caso de intervención por el triunvirato de potencias imperiales que están violando en estos momentos la resolución 1973 de las Naciones Unidas de 1973, la carga es muy pesada, dado su horrible historial. Sin embargo, sería demasiado fuerte sostener que nunca se puede soportar, en principio. A menos, por supuesto, que consideramos los estados-nación en su forma actual como esencialmente sagrados. La prevención de una masacre probable en Bengazi no es poca cosa, con independencia de lo que uno piense sobre las razones.

3. ¿Puede una persona interesada en que los disidentes de un país no sean masacrados en su búsqueda de la autodeterminación, oponerse legítimamente a una intervención que tiene por objeto, sean cuales sean sus razones, evitar una masacre?

Aun aceptando, por pura hipótesis, que la intención es genuina, que cumple el criterio simple que he mencionado al principio, no veo cómo responder a este nivel de abstracción: depende de las circunstancias. Podríamos oponernos a la intervención podría oponerse, por ejemplo, si ésta es probable que conduzca a una masacre mucho peor. Supongamos, por ejemplo, que los líderes de EE.UU., real y honestamente, hubieran tenido la intención de evitar una masacre en Hungría en 1956 y hubieran bombardeado Moscú. O que el Kremlin, genuina y honestamente, hubiera tenido la intención de evitar una masacre en El Salvador, en la década de 1980, mediante el bombardeo de EE.UU. Teniendo en cuenta las consecuencias previsibles, todos estaríamos de acuerdo en que esas acciones –inconcebibles– podría ser legítimamente contestadas.

4. Muchos ven una analogía entre la intervención en Kosovo, de 1999, y la actual intervención en Libia. ¿Puede explicar las principales similitudes, en primer lugar, y también las principales diferencias, en segundo lugar?

De hecho, muchas personas perciben esta analogía, lo que es un homenaje al increíble poder de los sistemas de propaganda occidentales. Da la casualidad de que contamos con excelente documentación de los antecedentes de la intervención en Kosovo, que incluye dos detalladas recopilaciones del Departamento de Estado, extensos informes sobre el terreno de los observadores –occidentales– de la Misión de Verificación de Kosovo, fuentes de la OTAN y la o­nU, una comisión de investigación británica y muchos más elementos. Los informes y estudios coinciden estrechamente en los hechos.

En resumen, podemos decir que no se había producido ningún cambio sustancial sobre el terreno en los meses previos al bombardeo. Tanto las fuerzas serbias como la guerrilla del ELK habían cometido atrocidades –las de esta última fuerza, de mayor gravedad, en ataques desde la vecina Albania– durante el período en cuestión, al menos de acuerdo a las más altas autoridades británicas (Gran Bretaña fue el miembro más agresivo de la alianza). Las grandes atrocidades en Kosovo no fueron la causa de los bombardeos de la OTAN sobre Serbia, sino su consecuencia, una consecuencia totalmente previsible. El comandante en jefe de la OTAN, el general estadounidense Wesley Clark, había informado a la Casa Blanca semanas antes de los bombardeos de que éstos provocarían una respuesta brutal por las fuerzas serbias sobre el terreno, y, al comienzo del bombardeo, dijo a la prensa que esta respuesta era “previsible”.

Los primeros refugiados kosovares registrados por la o­nU se producen en fechas muy posteriores al comienzo de los bombardeos. Con una sola excepción, la acusación de Milosevic, durante los bombardeos, basada en gran medida en informes de inteligencia anglo-estadounidenses, se limitó a los crímenes cometidos después del bombardeo, y sabemos que no podía ser tomada en serio por los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, que en ese mismo momento estaban apoyando activamente crímenes aún peores. Además, había buenas razones para creer que una solución diplomática estaba al alcance; en efecto, la resolución de la o­nU impuesta después de 78 días de bombardeo fue más bien un compromiso entre la posición serbia y la de la OTAN al comienzo.

Todo esto, incluso estas impecables fuentes occidentales, lo trato con cierto detalle en mi libro A New Generation Draws the Line. Nuevas informaciones que corroboran todo ello han aparecido desde entonces. Por ejemplo, Diana Johnstone informa de una carta a la canciller alemana, Angela Merkel, el 26 de octubre de 2007, que le envía Dietmar Hartwig, ex jefe de la misión europea en Kosovo antes de que fuera retirado el 20 de marzo con el anuncio del bombardeo, que estaba en una posición muy buena para saber lo que estaba sucediendo. Éste escribe:

No hay un solo informe presentado en el período comprendido entre finales de noviembre de 1998 y la evacuación en vísperas de la guerra que mencione que los serbios hayan cometido delitos graves o sistemáticos contra los albaneses, ni tampoco ha habido un solo caso que se refiera a incidentes o delitos de genocidio o asimilables a éste. Por el contrario, en mis informes he registrado en repetidas ocasiones que, teniendo en cuenta los ataques del ELK cada vez más frecuentes contra el Gobierno serbio, se ha demostrado que la aplicación de la ley por parte de éste ha sido hecha con una notable moderación y disciplina. El objetivo claro y citado a menudo por el Gobierno serbio ha consistido en observar rigurosamente el acuerdo Milosevic-Holbrooke [de octubre de 1998] para no dar ninguna excusa a la comunidad internacional para intervenir. (...) Hubo enormes “diferencias de percepción” entre lo que las misiones en Kosovo han estado informando a sus respectivos gobiernos y capitales, y lo que éstos han filtrado posteriormente a los medios de comunicación y al público. Esta discrepancia sólo puede ser vista como un elemento de preparación a largo plazo para la guerra contra Yugoslavia. Hasta el momento en que abandoné Kosovo, nunca había ocurrido lo que los medios de comunicación y, todavía más, los políticos afirmaban sin cesar. En consecuencia, hasta el 20 de marzo 1999 no había ninguna razón para la intervención militar, lo que hace ilegítimas las medidas adoptadas posteriormente por la comunidad internacional. El comportamiento colectivo de los Estados miembros antes y después del estallido de la guerra da pie a serias preocupaciones, porque la verdad fue liquidada y la UE perdió fiabilidad.”

La historia no es física cuántica, y siempre hay un amplio margen para la duda. Pero es raro que las conclusiones tengan un respaldo tan firme como en este caso. De un modo muy revelador, es totalmente irrelevante. La doctrina que prevalece es que la OTAN intervino para detener la limpieza étnica, aunque los partidarios de los bombardeos que toleran al menos un guiño a los abundantes elementos fácticos califican su apoyo al decir que los bombardeos eran necesarios para detener las posibles atrocidades: debemos actuar aun produciendo atrocidades a gran escala para detener las que se podrían producir si no bombardeásemos. Y hay justificaciones aún más impactantes.

Las razones de esta práctica unanimidad y pasión son bastante claras. El bombardeo se produjo en una virtual orgía de autoglorificación y pavor por parte de las potencias, que podría haber impresionado a Kim il-Sung. Lo he analizado en otro lugar, y no deberíamos permitir que siga en el olvido este notable momento de la historia intelectual. Después de este espectáculo, el desenlace tenía que ser simplemente glorioso. La noble intervención en Kosovo proporcionó este desenlace, y esta ficción debe ser celosamente mantenida.

Volviendo a la pregunta, hay una analogía entre las representaciones autocomplacientes de Kosovo y Libia: ambas intervenciones están animadas por nobles intenciones, según la versión novelada. El inaceptable mundo real sugiere en cambio analogías bastante diferentes.

5. Del mismo modo, mucha gente ve una analogía entre la actual intervención en Iraq y la intervención en curso en Libia. En este caso, ¿puede explicar las similitudes y las diferencias?

No veo las analogías significativas aquí tampoco, excepto que dos de los Estados participantes son los mismos. En el caso de Iraq, las metas son las que al final acabaron por reconocer. En el caso de Libia, es probable que el objetivo sea similar, al menos en un aspecto: la esperanza de que un régimen cliente fiable apoye los objetivos occidentales y proporcione a los inversores occidentales un acceso privilegiado a la riqueza petrolera rica de Libia, que, como he señalado, puede ir mucho más allá de lo que se conoce actualmente.

6. ¿Qué espera usted, en las próximas semanas, que suceda en Libia y, en ese contexto, ¿cuáles cree usted que deberían ser los objetivos de un movimiento, en Estados Unidos, contra la intervención y la guerra con respecto a las políticas de EE.UU.?

Por supuesto, es incierto, pero las perspectivas probables –hoy, 29 de marzo– son o bien una partición de Libia en una región oriental, rica en petróleo y dependiente en gran medida de las potencias occidentales imperiales, y una región occidental pobre bajo el control de un tirano brutal de limitadas capacidades; o bien una victoria de las fuerzas respaldadas por Occidente. En cualquier caso, lo que el triunvirato presumiblemente espera es un régimen menos problemático y más dependiente en lugar del actual. El desenlace probable es el que se describe con bastante exactitud, creo que por el diario árabe con sede en Londres Al-Quds Al-Arabi, en su número del 28 de marzo. Si bien se reconoce la incertidumbre de la predicción, prevé que la intervención puede dejar en Libia “dos estados, uno para los rebeldes en el Este, rico en petróleo; y uno, pobre, en manos de Gadafi en el Oeste (...) Una vez asegurados los campos de petróleo, podemos encontrarnos ante a un nuevo emirato petrolero en Libia, un país escasamente habitado, protegido por Occidente y muy similar a los estados-emirato del Golfo Pérsico.” O bien, la rebelión apoyada por Occidente podría continuar hasta el final para eliminar al irritante dictador.

Los que se preocupan por la paz, la justicia, la libertad y la democracia debe tratar de encontrar maneras de prestar apoyo y asistencia a los libios que tratan de forjar su propio futuro, libre de las limitaciones impuestas por las potencias extranjeras. Podemos tener esperanzas sobre la dirección a seguir, pero el futuro debe estar en sus manos.

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domingo, marzo 21, 1999

Medio Oriente: la contrarrevolución de Obama (CONTINUACIÓN)

Thierry Meyssan, Voltairenet, 16.3.2011

Luego de cierto titubeo sobre la conducta a seguir ante las revoluciones árabes, la administración Obama se decide por el uso de la fuerza como medio de salvar a aquellos de sus vasallos que aún puedan tener salvación. Al igual que en el pasado, es Arabia Saudita quien recibe la misión de dirigir la contrarrevolución. Riad ha logrado que la comunidad internacional reconozca a sus peones libios en detrimento de los sublevados y ahora acaba de invadir Bahrein, ahogando en sangre la sublevación popular

Después de reunirse en París con tres emisarios de la rebelión, el presidente francés Nicolas Sarkozy anunció, el jueves 10 de marzo de 2011, que Francia ya no reconoce al régimen del coronel Khadafi como representante de Libia sino al Consejo Nacional Libio de Transición (CNLT).

Se trata, en este caso, de un acto contrario a toda la tradición diplomática de Francia que, hasta ahora, nunca había reconocido gobiernos sino Estados. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2010, Francia había reconocido a Alassane Ouattara como presidente de Costa de Marfil, en lugar de Laurent Gbagbo.

En el caso de Costa de Marfil, la mayoría de la comunidad internacional imitó la decisión de París, que espera provocar ahora una reacción similar en lo tocante a Libia. Sin embargo, nadie puede dejar de notar que las decisiones del presidente Nicolas Sarkozy no responden a los intereses de Francia –cuyas empresas están siendo expulsadas de Costa de Marfil y no tardarán de ser igualmente expulsadas de Libia– sino que han sido tomadas en respuesta a petición expresa de las administraciones del presidente estadunidense Obama y del primer ministro israelí Netanyahu.

Dos operaciones se desarrollan de forma simultánea: el desplazamiento del dispositivo militar estadunidense hacia África y el salvamento de los regimenes títeres en el mundo árabe.

Meter las tropas imperiales en África

Como he venido explicando constantemente desde hace 4 años y medio, la victoria de la resistencia libanesa ante Israel en el verano de 2006 puso fin a la estrategia estadunidense de rediseño del «Medio Oriente ampliado» (Greater Middle East) [1]. A pesar de diversos intentos, como la «mano tendida» de Barack Obama en su discurso del Cairo [2], Washington no ha logrado elaborar su estrategia de repuesto. Todo parece seguir como antes, pero en realidad Estados Unidos se está desentendiendo poco a poco de esa región.

Después de todo, las reservas petrolíferas del Medio Oriente están en declive y una intromisión militar, masiva y costosa, sólo reporta beneficios a largo plazo, por lo que Washington mira actualmente hacia otras latitudes. Luego de haber estudiado la posibilidad de concentrarse en el Caribe, el Imperio mira ahora hacia África. Tiene que apurarse porque en 2013 el 25% del petróleo y de las materias primas que se consuman en Estados Unidos saldrá del continente negro. Definitivamente convencido por los trabajos del instituto de reflexion y propaganda israelí Institute for Advanced Strategic & Political Studies (IASPS), Washington ha acelerado la creación del AfriCom. El verdadero poder que está gobernando Estados Unidos desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 2011 puso entonces a Barack Obama en la Casa Blanca y al general William E. Ward en el AfriCom.

Recordarán ustedes que el senador de origen kenyano Barack Obama trabajó activamente en la creación de ese dispositivo y que emprendió una gira especial por África en agosto de 2005, gira que terminó con una rendición de cuentas en la sede del AfriCom, en Stuttgart. El senador Obama se ocupó entonces especialmente de los intereses de las firmas farmacéuticas en el continente negro y de los preparativos para la división del territorio de Sudán [3].

El general Ward, por su parte, no es simplemente un negro estadunidense, sino que es también el ex responsable de la ayuda estadunidense de seguridad a la Autoridad Palestina, o sea fue el coordinador de seguridad entre Mahmud Abbas y Ariel Sharon. Estuvo a cargo de la aplicación de la «hoja de ruta» y de la retirada unilateral de las fuerzas israelíes de Gaza –anterior a la construcción del muro de separación, a la división de los territorios palestinos en dos (Gaza y Cisjordania) y a su transformación en «bantustanes» separados entre sí.

El conflicto de Costa de Marfil entre Laurent Gbagbo, electo por la mayoría de la población nacional, y Alassane Ouattara, que goza del apoyo de una minoría local y de los inmigrantes originarios de Burkina Faso, marca el inicio del plan de «rediseño de África». Faltaba encontrar una puerta de entrada para las tropas imperiales ya que todos los Estados africanos han expresado oficialmente su oposición al despliegue del AfriCom en territorio africano. Es en este punto que interviene la sublevación libia.

La ola de oposición al imperialismo que viene sacudiendo el mundo árabe desde diciembre de 2010 ha provocado la caída del gobierno de Saad Hariri en el Líbano, la fuga de Zine el-Abbdine Ben Ali en Túnez, la caída de Hosni Mubarak en Egipto, disturbios en Yemen, en Bahrein y en Arabia Saudita y enfrentamientos en Libia. En este último país, el coronel Muamar el-Khadafi se apoya en los Khadafa (tribu del centro del país) y en la mayoría de los Makarha (tribu del oeste) y se enfrenta a una amplia coalición que, además de los Warfala (tribu del este), incluye tanto a monárquicos prooccidentales como a integristas wahhabitas y revolucionarios comunistas o khomeinistas.

Washington ha transformado esta insurrección en una guerra civil: los mercenarios africanos de la empresa israelí CST Global llegaron en auxilio de Khadafi [4] mientras que los mercenarios afganos de los servicios secretos de Arabia Saudita arribaron para apoyar a los partidarios de la monarquía y grupos islamistas etiquetados como «Al-Qaeda».

Además de los combates, esta situación está provocando una crisis humanitaria internacional: en dos semanas 230 000 inmigrantes han huido del país (118 000 hacia Túnez, 107 000 hacia Egipto, 2 000 hacia Níger y 4 300 hacia Argelia). Esta cruel situación justifica una nueva «guerra humanitaria», según la gastada terminología de la propaganda atlantista.

El 27 de febrero, los sublevados fundan el Consejo Nacional Libio de Transición (CNLT). Por su parte, el ministro de Justicia Mustafa Mohamed Abud al-Djeleil, interlocutor privilegiado del Imperio en el seno del gobierno de Khadafi, se une a la revolución y crea un gobierno provisional. Las dos estructuras se funden en una sola el 2 de marzo, conservan la etiqueta CNLT pero ahora es Abud al-Djeleil quien preside el Consejo. En otras palabras, Washington logró colocar su peón a la cabeza de la insurrección.

Violentas discusiones se producen durante los primeros debates del nuevo Consejo Nacional Libio de Transición. Los elementos proestadunidenses proponen recurrir a la ONU para impedir los bombardeos de las fuerzas leales a Khadafi, pero la mayoría se opone.

El 5 de marzo, un diplomático británico llega a Bengasi escoltado por comandos del SAS [Siglas del Special Air Service, principal fuerza de operaciones especiales del ejército británico. NdT.], trata de reunirse con el Consejo Nacional Libio de Transición y de convencerlo de que recurra al Consejo de Seguridad de la ONU, pero los sublevados rechazan toda forma de injerencia y lo expulsan.

Se trata de un resultado inesperado. Abud al-Djeleil no logra cambiar la posición del CNLT pero lo convence de formar un Comité de Crisis presidido por Mahud Djebril. Este último se pronuncia a favor de la instauración de una zona de exclusión aérea.

Las agencias de prensa occidentales se esfuerzan por presentar a Mahmud Djebril como «un intelectual demócrata» que venía reflexionando desde hace mucho tiempo sobre la evolución del país y que había redactado un proyecto titulado Visión libia. La realidad es que Mahmud Djebril, junto con su amigo al-Djeleil, formaba parte del gobierno de Khadafi como ministro de Planificación. Al igual que en los primeros días de las revoluciones de Túnez y Egipto, varios cuadros del régimen tratan de separarse del dictador para quedarse en el poder.

Creen que lograrán esto último desviando el proceso revolucionario y poniéndose al servicio de los intereses imperiales. Así que ahora agitan la bandera roja, negra y verde del rey Idris [5] mientras que el aspirante al trono, Mohamed el-Senussi, afirma, desde Londres y a través de los canales de televisión de Arabia Saudita, que está «dispuesto a servir a Su pueblo».

El 7 de marzo, el Consejo de Cooperación del Golfo, conformado por Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar, «solicita al Consejo de Seguridad de la ONU que tome las medidas necesarias para proteger a los civiles en Libia, como la imposición de una zona de exclusión aérea». Esta absurda declaración desvía el debate del Consejo de Seguridad que, desde la adopción de la resolución 1970 [6], venia tratando de hacer entrar en razón al coronel Khadafi mediante la limitación de sus desplazamientos y la congelación de sus bienes.

El Consejo de Cooperación del Golfo retoma así, a nivel estatal, la proposición del embajador de Libia en la ONU, diplomático que ya se había pasado a las filas del CNLT.

Supuestamente por iniciativa de los diputados, Mahmud Djebril viaja a Estrasburgo para informar al Parlamente Europeo sobre la situación de su país. El ejército francés le garantiza el transporte. Bajo el impulso del liberal belga Guy Verhofsdat y del ecologista franco-alemán Daniel Cohn-Bendit, el Parlamento Europeo adopta una resolución llamando a una intervención internacional [7].

El primer ministro británico David Cameron y el presidente francés Nicolas Sarkozy envían una carta de 7 puntos al presidente de la Unión Europea, Herman van Rompuy [8]. Expresan sus deseos de que el Consejo Europeo extraordinario reconozca al CNLT, apoye una denuncia contra Khadafi ante el Tribunal Penal Internacional y apruebe una intervención militar internacional. Pero sus pedidos son rechazados [9]. Alemania se niega a meterse en terreno peligroso mientras que Bulgaria rechaza al CNLT y acusa a sus representantes de ser criminales implicados en las torturas a las enfermeras búlgaras que el régimen mantuvo detenidas largo tiempo. Simultáneamente, los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas para preparar una posible zona de exclusión aérea [10].

El CNTL –ya reconocido por Francia desde el 10 de marzo– entrega el 12 de marzo una carta al secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa. El texto refleja la posición de Arabia Saudita: pide que «se ponga fin al derramamiento de sangre a través de una decisión que imponga una zona de exclusión aérea en Libia y mediante el reconocimiento del Consejo Nacional de Transición como representante de Libia». Los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe se reúnen inmediatamente a puertas cerradas en El Cairo, deslegitiman a la delegación oficial de Libia y reconocen al CNTL como nuevo interlocutor, satisfacen después la petición de este último y recurren al Consejo de Seguridad de la ONU con vistas al establecimiento de la «zona de exclusión aérea».

Esta decisión debe ser interpretada como lo que realmente es: los regímenes títeres de Estados Unidos e Israel en el mundo árabe piden la protección de sus superiores. El Consejo de Seguridad puede decretar una zona de exclusión aérea, pero no tiene con qué hacerla respetar. Será la OTAN quien tenga que imponerla. Son las fuerzas imperiales, disfrazadas de cascos azules, quienes mantendrán en tierra a la aviación Libia, bombardeando sus aeropuertos e instalaciones fijas o móviles de misiles tierra-aire y, de ser necesario, derribando los aviones.

La Liga Árabe no dio a conocer los detalles del voto. De los 22 Estados miembros, sólo 2 votaron por el NO. Fueron Argelia, que teme un despliegue de la OTAN en su frontera este, y Siria, el único país árabe que persiste, a pesar de la posición de todos los demás, en su oposición a la hegemonía estadunidense y al sionismo. Es probable que el Líbano y otros países hayan elegido la abstención.

Contrariamente a lo que sugieren los responsables occidentales, la Unión Africana nunca ha deseado una intervención militar extranjera. Por el contrario, la rechazó explícitamente el 10 de marzo [11]. La razón es evidente. Está claro para todos y cada uno de sus miembros que el drama libio está siendo amplificado de manera totalmente intencional con vistas a utilizarlo como pretexto para justificar un desembarco masivo de las fuerzas armadas estadunidenses en África.

Salvar las monarquías del Golfo

Arabia Saudita es el eje del dispositivo imperial en la región del Golfo. A principios del siglo 20, la familia Saud creó ese Estado con el apoyo de los británicos, después de guerras de conquista extremadamente sangrientas. Arabia Saudita y sus reservas petrolíferas –las más importantes del mundo– cayeron dentro de la órbita estadunidense al final de la Segunda Guerra Mundial. En virtud del acuerdo del Quincy entre el rey Ibn Saud y el presidente Roosevelt, la familia Saud está obligada a suministrar petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos está obligado a garantizar la protección de la familia reinante, no la protección del país.

Arabia Saudita no es en realidad un Estado y ni siquiera tiene nombre. No es más que la parte de Arabia que pertenece a la familia Saud, cuyos miembros administran ese territorio según sus intereses personales (y los de Estados Unidos) mientras llevan una vida disoluta que nada tiene que ver con la austeridad wahhabita de la que tanto presumen. Como el rey Ibn Saud tuvo 32 esposas y 53 hijos, por lo que se decidió, en aras de limitar los conflictos familiares, que la corona no se transmitiera de padre a hijo, sino de hermano a hermano. El hijo mayor de Ibn Saud murió de enfermedad y fue por lo tanto el siguiente hijo, que tenía entonces 51 años, quien le sucedió en el trono en 1953.

En 1960, le siguió el tercer hijo, que contaba entonces 60 años, y así sucesivamente. El actual rey tiene 87 años, recientemente sufrió complicadas intervenciones quirúrgicas y es probable que no le quede mucho tiempo de vida. Su hermano Sultan, el presunto sucesor, padece el mal de Alzheimer. El resultado de todo lo anterior es un régimen impopular y frágil, que ya estuvo a punto de derrumbarse en 1979. Es por eso que tanto Riad como Washington ven con temor las insurrecciones árabes que se están produciendo alrededor de Arabia Saudita, en Yemen y en Bahrein.

El ejército de Arabia Saudita ya está presente en Yemen y espera ayudar al presidente Ali Abdullah Saleh a poner fin a la revuelta, con la ayuda de la CIA. Queda Bahrein.

Bahrein es una islita del tamaño de Micronesia o de la isla de Man. En el siglo 18, la familia de los Al-Khalifa, primos de la familia reinante en Kuwait, arrebataron a Persia ese pequeño territorio. Así que la monarquía de Bahrein es sunnita mientras que la población es árabe chiíta. Su economía, a diferencia de las demás monarquías del Golfo, no depende únicamente de los ingresos del petróleo. En Bahrein existe, sin embargo, una fuerte inmigración, cerca del 40% de la población total, proveniente principalmente de Irán y la India.

Bahrein cayó en la órbita británica en 1923. Londres depuso al emir y puso en el poder a su hijo, más dispuesto a hacer concesiones. Durante los años 1950 y 1960, nacionalistas árabes y comunistas trataron de liberar el país. El Reino Unido respondió con el envío de sus mejores especialistas en represión, como Ian Henderson, conocido desde entonces como el «carnicero de Bahrein».

En definitiva, el país recobró su independencia en 1971, sólo para caer en la órbita de Estados Unidos, que instaló allí su base militar regional y estacionó en ella la 5ª Flota. Nuevos disturbios, inspirados en la Revolución iraní, se produjeron en Bahrein durante los años 1980. En los años 1990, las fuerzas de oposición –marxistas, nacionalistas árabes y khomeinistas– se unieron en una larga Intifada.

La calma no volvió hasta 1999, con el ascenso al trono del rey Ahmad, un déspota ilustrado que instituyó una Asamblea consultiva electa y favoreció el acceso de las mujeres a los cargos de responsabilidad. Esto le valió cierta conciliación con su oposición histórica, pero alejó de él a los extremistas de la minoría sunnita que sirve de apoyo al régimen.

Desde el 14 de febrero de 2011, nuevas manifestaciones han venido teniendo lugar en Bahrein. Organizadas al principio por el Wefaq, el partido khomeinista, las manifestaciones denunciaban la corrupción y el sistema policial. Pero el éxito popular del movimiento y la brutal represión de que fue objeto provocaron una rápida radicalización, a pesar de un tímido intento de apertura del príncipe heredero [12].

La monarquía perdió su legitimidad como resultado de las revelaciones sobre el fortalecimiento de sus vínculos con el movimiento sionista. A partir de 2007, los Khalifa se vincularon con el American Jewish Committee. Según la oposición de Bahrein, dichos vínculos se establecieron a través de Alain Bauer, el consejero del presidente francés Nicolas Sarkozy. Fue el propio Bauer quien se encargó de reorganizar el sistema policial de Bahrein.

La mayoría de los manifestantes luchan ahora por el derrocamiento de la monarquía, lo cual constituye la línea roja que no se puede atravesar, según los parámetros de las demás monarquías del Golfo y de su protector estadunidense. Es por ello que el secretario estadunidense de Defensa, Robert Gates, viajó a Manama el 13 de marzo de 2011.

Oficialmente, Gates invitó al rey a tener en cuenta los reclamos de su pueblo y a buscar una salida pacífica al conflicto. Claro está, ese tipo de consejo no corresponde a un secretario de Defensa, sino a un secretario de Estado. En realidad, el señor Gates había ido a Bahrein para concretar la parte política de una operación militar que ya estaba lista.

Al día siguiente, el 14 de marzo, las otras 5 monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo dieron su consentimiento para la activación del «Escudo de la península», una fuerza común de intervención prevista desde hace tiempo para contener la posible expansión de la revolución khomeinista. Esa misma tarde, 1 000 soldados de Arabia Saudita y 500 policías de los Emiratos Árabes Unidos entraban en Bahrein.

Se decretó el estado de urgencia por espacio de 3 meses. Se suspendieron las pocas libertades toleradas. En la madrugada del 16 de marzo, las fuerzas de las monarquías, armadas y entrenadas por Estados Unidos, actuaron de conjunto para desalojar a los manifestantes de los lugares donde estaban acampando. En vez de gases lacrimógenos, utilizaron gases de combate y munición real. Las autoridades reconocen más de 1 000 heridos de gravedad, entre los que se cuentan varios heridos de bala, pero sólo admiten 5 muertos, una proporción muy poco creíble.

La Doctrina Obama

Así que Washington hizo su elección. Después de un adormecedor discurso sobre los derechos humanos y de saludar la «primavera árabe» con forzado entusiasmo, la administración Obama optó por la fuerza para salvar lo que aún puede salvarse.

Al igual que en la época en que los comunistas derrocaron la monarquía afgana, fue el lacayo saudita quien recibió de Washington el encargo de dirigir la contrarrevolución. Armó a una facción de la oposición libia y convirtió el debate de la ONU sobre sanciones contra Libia en un debate sobre la creación de una zona de exclusión aérea, o sea sobre la intervención militar, e intervino militarmente en Bahrein.

No hay diferencia entre la «doctrina Obama» y la «doctrina Brezhnev». En 1968, los tanques del Pacto de Varsovia ponían fin a la «primavera de Praga» para proteger el vacilante Imperio soviético. En 2011, los blindados de Arabia Saudita aplastan al pueblo de Bahrein para proteger el Imperio anglosajón.
Hipnotizados por las catástrofes naturales y nucleares que se están produciendo al mismo momento en Japón, los medios de prensa occidentales observan el mayor silencio sobre el desarrollo de toda esta operación.

La Revolución francesa tuvo que hacer frente a la invasión de las monarquías que unieron sus fuerzas. La Revolución rusa tuvo que afrontar la arremetida de los ejércitos blancos. La Revolución iraní tuvo que enfrentar la invasión iraquí. La Revolución árabe tendrá que hacer frente al ejército de Arabia Saudita.

Thierry Meyssan, Analista político francés. Fundador y presidente de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace.

Notas:

[1] Ver: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación, por Thierry Meyssan, Ediciones Timéli / Monte Avila, 2008.

[2] «Declaraciones de Barack Obama en la Universidad de El Cairo», por Barack Obama; «El discurso de Obama en el Cairo», por Fidel Castro Ruz; «Obama y las segundas intenciones de la mano tendida a los musulmanes», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 4 y 9 de junio de 2009.

[3] «L’esperienza politica africana di Barack Obama», por Thierry Meyssan, in Eurasia, Rvista di Studi Geopolitici, Vol. 3, 2009.

[4] «Israel se moviliza para socorrer a su aliado Gadafi», «La compañía CST Global especializada en el reclutamiento de mercenarios y el criminal de guerra Israel Ziv nos escriben», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 3 y 7 de marzo de 2011.

[5] «Quand flottent sur les places libyennes les drapeaux du roi Idris», por Manlio Dinucci, Réseau Voltaire, 1º de marzo de 2011.

[6] «Resolución 1970 aprobada por el Consejo de Seguridad», Red Voltaire, 26 de febrero de 2011.

[7] «Resolución del Parlamento Europeo sobre los países vecinos meridionales, y Libia en particular», Red Voltaire, 10 de marzo de 2011.

[8] «Lettre conjointe de Nicolas Sarkozy et David Cameron à Herman Van Rompuy sur la Libye», Réseau Voltaire, 10 de marzo de 2011.

[9] «Declaración adoptada por el Consejo Europeo Extraordinario sobre los países vecinos meridionales, y Libia en particular», «Remarks by Herman Van Rompuy at the press conference following the extraordinary European Council on EU Southern Neighbourhood and Libya», Réseau Voltaire, 11 de marzo de 2011.

[10] «Press conference by Anders Fogh Rasmussen on Libya», Voltaire Network, 10 de marzo de 2011.

[11] «Communiqué de l’Union africaine sur la Libye», Réseau Voltaire, 10 de marzo de 2011.

[12] «Crown Prince Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa interview with Bahrain TV», Voltaire Network, 6 de marzo de 2011.

martes, marzo 09, 1999

CONTINUACIÓN


La naturaleza de las economías árabes

Con la excepción de Jordania, la mayoría de las economías árabes en donde se están produciendo las revueltas se basan en las «rentas» del petróleo, el gas, los minerales y el turismo, lo que aporta casi todos los beneficios por exportaciones y la mayor parte de los ingresos del Estado (Financial Times, 22 de febrero de 2011, p. 14). Efectivamente, estos sectores económicos son cotos exportadores que emplean a una proporción minúscula de la mano de obra y definen una economía de alta especialización (Informe anual del Banco Mundial, 2009).

Estos sectores exportadores no están vinculados a una economía nacional productiva diversificada: el petróleo se exporta y las manufacturas y los servicios financieros y de alta tecnología son importaciones controladas por multinacionales extranjeras y expatriados vinculados a las clases gobernantes (Economic and Political Weekly, 12 de febrero de 2011, p. 11). El turismo refuerza los ingresos de arriendo o «rentistas» como el propio sector, que suministra «divisa extranjera» e ingresos fiscales a un Estado de clase-clan. Este último descansa en el capital extranjero subvencionado por el Estado y en un sector «inmobiliario» local y con relaciones políticas para importar mano de obra extranjera para la construcción.

Los ingresos por arriendos pueden generar mucha riqueza, sobre todo cuando el precio de la energía se dispara, pero los fondos se acumulan en una clase «rentista» que no tiene la menor vocación o intención de ahondar en un proceso de desarrollo económico e innovación que se generalice. Los rentistas se «especializan» en la especulación financiera, las inversiones en el extranjero a través de empresas de fondos de capital que no cotizan en bolsa, el consumo extravagante de artículos de lujo y el mantenimiento de cuentas privadas opacas de miles de millones de dólares y de euros en bancos del extranjero.

La economía rentista crea pocos puestos de trabajo en la actividad productiva moderna; el sector más lucrativo está controlado por miembros de la familia o el clan ampliado y por las empresas financieras extranjeras a través de expatriados; el empleo técnico y de peor calidad es asumido por mano de obra extranjeracontratada, con unos niveles salariales y condiciones laborales que la mano de obra local cualificada está deseando aceptar.

Esa economía rentista acotada se traduce en una clase gobernante centrada en clanes que «confunde» la propiedad pública con la privada: lo que en realidad es el «Estado» son unos monarcas absolutistas y sus familias extensas en la cima y, en el medio, su séquito político cliente, tribal y dirigente y los tecnócratas.

Estas son «clases gobernantes cerradas». El acceso se reduce a miembros selectos del clan o la dinastía familiar y a un número reducido de individuos «emprendedores» que podrían acumular riqueza al servicio de la clase-clan dominante. El «núcleo más próximo» vive de los ingresos por arriendo, recibe pagos de sociedades inmobiliarias a las que no aporta ninguna cualificación más que la de emitir autorizaciones oficiales, concesiones de terrenos, licencias de importación y vacaciones fiscales.

Más allá del saqueo de las arcas públicas, la clase-clan dominante fomenta el «libre comercio», es decir, importar manufacturas baratas y socavar así el despegue de cualquier iniciativa autóctona de los sectores «productivos» manufacturero, agrícola o técnico.

En consecuencia, no hay ningún capitalista o «clase media» nacional emprendedora. Lo que hace las veces de clase media son en buena medida empleados del sector público (maestros, profesionales de la salud, funcionarios, bomberos, policías, militares) que dependen de un salario que, a su vez, depende de la sumisión al poder absolutista. No tienen ninguna posibilidad de ascender a escalones más altos o de crear oportunidades económicas para sus proles con formación.

La concentración de poder económico, social y político en un sistema cerrado y controlado de clase-clan desemboca en una inmensa concentración de riqueza. Dada la distancia social entre gobernantes y gobernados, la riqueza generada por el precio de los artículos de lujo ofrece una imagen tremendamente distorsionada de la «riqueza» per cápita; añadir a los millonarios y multimillonarios a la cima de una masa de jóvenes mal pagados y subempleados arroja una renta media engañosamente alta (Washington Blog, 24 de febrero de 2011).

El gobierno rentista: por las armas y las dádivas

Para compensar estas grandes diferencias sociales y preservar la posición de la clase gobernante rentista y parásita, esta última busca establecer alianzas con empresas de armamento multimillonarias y protección militar de la potencia imperial dominante (EE UU). Los gobernantes se entregan a la «neocolonización con invitación» y ofrecen terrenos para bases militares y aeropuertos, puertos para operaciones navales, connivencia para financiar a mercenarios con poderes contra adversarios antiimperialistas y sumisión a la hegemonía sionista en la región (a pesar de que formulen de vez en cuando alguna crítica intrascendente).

A medio plazo, el gobierno por la fuerza se complementa con dádivas a los pobres de las zonas rurales y los clanes tribales; con subsidios de alimentos para los pobres urbanos; y con empleo sin futuro y deficitario para los desempleados con formación (Financial Times, 25 de febrero de 2011, p. 1). Tanto la carísima adquisición de armas como los subsidios paternalistas reflejan la ausencia de toda capacidad para realizar inversiones productivas. Se gastan miles de millones de dólares en armas en lugar de en diversificar la economía. Se gastan cientos de millones de dólares en obsequios paternalistas de una sola dosis, en lugar de en inversiones a largo plazo que generen empleo productivo.

El «pegamento» que mantiene unido este sistema es lacombinación de saqueo moderno de la riqueza pública y los recursos energéticos naturales y la tradicional utilización de reclutas neocoloniales y de clanes y de contratistas mercenarios para controlar y reprimir a la población. El armamento estadounidense moderno está al servicio de unas monarquías absolutistas y dictaduras anacrónicas basadas en los principios del gobierno dinástico del siglo XVIII.

La introducción y extensión de sistemas de comunicaciones de vanguardia y de centros comerciales de arquitectura ultramoderna alimentan a un estrato de consumidores de artículos de lujo de élite y dejan ver un contraste muy marcado con la inmensa mayoría de jóvenes con educación y sin empleo, excluidos de la cima y presionados desde abajo por los trabajadores contratados extranjeros mal pagados.

Desestabilización neoliberal

Los clanes-clases rentistas reciben presiones de las instituciones económicas internacionales y los banqueros locales para que «reformen» sus economías: «abrir» el mercado nacional y las empresas públicas a los inversores extranjeros y reducir los déficit derivados de la crisis global introduciendo reformas neoliberales (Economic and Political Weekly, 12 de febrero de 2011, p. 11).

Como consecuencia de las «reformas económicas», se han recortado o suprimido los subsidios alimentarios para los más pobres y se ha reducido el empleo público, lo que cierra una de las pocas puertas existentes para los jóvenes con formación. Los impuestos a los consumidores y trabajadores asalariados aumentan, al tiempo que se aplican exenciones fiscales a los promotores inmobiliarios, los especuladores financieros y los importadores. La desregulación ha exacerbado una corrupción ya galopante, no solo entre la clase-clan gobernante rentista, sino también en su entorno empresarial inmediato.

Los «lazos» paternalistas que unen a la clase media y baja con la clase gobernante han quedado erosionados por las «reformas» neoliberales inducidas desde el exterior, que combinan laexplotación exterior «moderna» con las formas «tradicionales» de saqueo privado nacional. Los regímenes de clan-clase ya no pueden confiar en las lealtades de clan, tribales, clericales o clientelistas para aislar a los sindicatos urbanos, los estudiantes, las pequeñas empresas y los movimientos de un sector público mal remunerado.

La Calle contra Palacio

Las «causas inmediatas» de las revueltas árabes giran en torno a las inmensas contradicciones demográficas y de clase de la economía rentista gobernada por el clan-clase. La oligarquía dominante gobierna a una gran masa de desempleados o trabajadores jóvenes subempleados; este último grupo lo forma entre el 50 y el 65 por ciento de la población menor de veinticinco años (Washington Blog, 24 de febrero de 2011). La economía rentista «moderna» y dinámica no incorpora a los jóvenes recién formados al empleo moderno, sino que los relega a la «economía informal», sin protección social y mal pagada de la calle como vendedores, transportistas o autónomos subcontratados y encargados de servicios personales. Los sectores ultramodernosdel petróleo, el gas, inmobiliario, de turismo y centros comerciales dependen del apoyo político y militar de dirigentes retrógrados tradicionales, clericales, tribales o de clan, subvencionados pero nunca «incorporados» a la esfera de la producción moderna. La clase trabajadora industrial urbana moderna con pequeños sindicatos independientes está proscrita. Las asociaciones civiles de clase media están, o bien bajo el control del Estado, o bien reducidas a tener que formular solicitudes continuas al Estado absolutista.

El «subdesarrollo» de las organizaciones sociales, relacionado con la dedicación de las clases sociales a la actividad productiva moderna, supone que el eje de la acción social y política sea lacalle. En esta sociedad de plazas, quioscos, calles y esquinas, y en los mercados, se ve deambular por, entre y en el entorno de los centros de poder administrativo absolutista a jóvenes desempleados y subempleados a tiempo parcial e implicados en el sector informal. Las masas urbanas no ocupan posiciones estratégicas en el sistema económico, pero están disponibles para unas movilizaciones capaces de paralizar las calles y plazas por las que se transportan los bienes y servicios y en las que se obtienen beneficios. Es igualmente importante que los movimientos de masas desatados por los jóvenes desempleados ofrecen a los profesionales oprimidos, los empleados del sector público, los pequeños empresarios y los autónomos una oportunidad de entregarse a las protestas sin verse sometidos a represalias en sus centros de trabajo… lo que disipa el «factor miedo» de perder el empleo.

La confrontación política y social gira en torno a los polos opuestos: las oligarquías clientelistas y las masas desclasadas (elpanarabismo). La primera depende directamente del Estado (el aparato militar/policial) y la última de organizaciones presenciales improvisadas, locales, informales y amorfas. La excepción es la minoría de universitarios que se movilizan a través de internet. Los sindicatos industriales organizados ingresan en la lucha tarde y en buena medida se concentran en demandas económicas sectoriales, con algunas excepciones (sobre todo en las empresas públicas, controladas por amigotes de los oligarcas, donde los trabajadores exigen cambios en la dirección).

Como consecuencia de las particularidades sociales de los Estados rentistas, los levantamientos no adoptan la forma de luchas de clase entre asalariados y capitalistas industriales. Afloran como revueltas políticas masivas contra el Estado oligarca. Los movimientos sociales callejeros manifiestan su capacidad de deslegitimar la autoridad del Estado, paralizar la economía y pueden desembocar en el derrocamiento de los autócratas que gobiernan. Lo propio de los movimientos de masas callejeros es ocupar las calles con relativa facilidad, pero también dispersarse cuando lossímbolos de la opresión han sido desalojados. Los movimientos callejeros carecen de la organización y el liderazgo para proyectar, y menos aún imponer, un nuevo orden político o social. Su poder reside en la capacidad de presionar a las élites e instituciones existentes, no de sustituir al Estado y la economía. De ahí la asombrosa facilidad con la que el ejército egipcio respaldado por EE UU, Israel y la UE ha logrado tomar el poder y proteger al Estado rentista en su conjunto y a la estructura económica al tiempo que mantenía sus lazos con sus mentores imperiales.

La convergencia de condiciones y el «efecto demostración»

La propagación de las revueltas árabes por el Norte de África, Oriente Próximo y los Estados del Golfo Pérsico es, en primera instancia, un producto de condiciones históricas y sociales similares: los Estados rentistas gobernados por oligarquías familiares y de clan, dependientes del «arriendo» de exportaciones petroleras y energéticas de capital intensivo, que confinan a la inmensa mayoría de la juventud en actividades económicas «callejeras» informales y marginales.

El «poder del ejemplo» o el «efecto demostración» solo se puede entender reconociendo idénticas condiciones sociopolíticas en cada país. El poder de la calle (los movimientos urbanos de masas) presupone que la calle es el locus económico de los actores principales y que se debe conquistar las plazas por que son el espacio donde ejercer el poder político y proyectar las demandas sociales. No cabe duda de que los éxitos parciales de Egipto y Túnez hicieron detonar los movimientos en otros lugares. Pero solo lo hicieron en países con idéntico legado histórico, con las mismas polaridades sociales entre gobernantes rentistas de clan y trabajadores callejeros marginales y, especialmente, donde los gobernantes estaban profundamente integrados en redes económicas y militares imperiales a las que estaban subordinados.

Conclusión

Los gobernantes rentistas rigen a través de sus lazos con el ejército y las instituciones económicas estadounidenses y de la UE.Modernizan sus prósperos cotos y marginan a los jóvenes recién formados, que quedan confinados en empleos mal remunerados, sobre todo en el endeble sector informal y callejero de las principales ciudades. Las privatizaciones neoliberales, la reducción de los subsidios públicos (de alimentos, de desempleo, de aceite para cocinar, gas, transporte, salud y educación) ha hecho añicos los lazos paternalistas mediante los cuales los gobernantes aplacaban el descontento de los jóvenes y los pobres, así como de las élites clericales y los jefes tribales. La confluencia de clases y masas, modernas y tradicionales, ha sido consecuencia directa de un proceso de neoliberalización impuesto desde arriba y de exclusión, desde abajo. La promesa de los «reformadores» neoliberales de que el «mercado» sustituiría con empleos bien remunerados la pérdida de subsidios estatales paternalistas era falsa. Las políticas neoliberales han reforzado la concentración de riqueza al tiempo que han debilitado el control de las masas por parte del Estado.

La crisis económica capitalista mundial ha llevado a Europa y Estados Unidos a endurecer los controles de inmigración, con lo que han eliminado una de las válvulas de escape de estos regímenes: la fuga masiva de jóvenes sin empleo y con formación que buscaban trabajo en el extranjero. Emigrar al extranjero había dejado de ser una opción; las alternativas se reducían a luchar o sufrir. Los estudios demuestran que quienes emigran suelen ser los más ambiciosos, los mejor formados (de su clase social) y los capaces de asumir mayores riesgos. Ahora, recluidos en sus países de origen, con pocas ilusiones de encontrar oportunidades en el exterior, se ven obligados a luchar por la movilidad individual en su país mediante la acción social y política colectiva.

Es igualmente importante entre la juventud política el hecho de que a EE UU, como garante de los regímenes rentistas, se la considere una potencia imperial en declive: cuestionada económicamente en el conjunto de la economía mundial por China, teniendo que hacer frente a una derrota como potencia colonial ocupante en Iraq y Afganistán, y humillada como criada sumisa y mendaz de una Israel cada vez más desautorizada por la acción de sus agentes sionistas en el régimen de Obama y el Congreso estadounidense.

Todos estos elementos de la decadencia y descrédito imperial animan a los movimientos en favor de la democracia a avanzar contra los clientes estadounidenses y reducen su temor a una intervención militar estadounidense que abriera un tercer frente de batalla. Los movimientos de masas ven en sus oligarquías a unos regímenes «en tres niveles»: unos Estados rentistas bajo la hegemonía estadounidense que, a su vez, está sometida a la tutela israelí-sionista. Cuando 130 países de la Asamblea General de Naciones Unidas y la totalidad del Consejo de Seguridad, a excepción de EE UU, condenan la expansión colonial, y cuando Líbano, Egipto, Túnez y los regímenes venideros de Yemen y Bahrein prometen instaurar políticas exteriores democráticas, los movimientos de masas descubren que todo el armamento moderno y los 680.000 soldados de Israel no sirven de nada en medio del aislamiento diplomático absoluto, la pérdida de clientes regionales rentistas y el descrédito manifiesto de unos gobernantes militaristas grandilocuentes y sus agentes sionistas en los cuerpos diplomáticos estadounidenses (Financial Times, 24 de febrero de 2011, p. 7).

Las propias estructuras socioeconómicas y las condiciones políticas que hicieron detonar los movimientos de masas en favor de la democracia, los jóvenes desempleados y subempleados organizados desde «la calle», plantean ahora el reto más relevante: ¿puede la masa amorfa y diversa convertirse en una fuerza social y política organizada capaz de tomar el poder del Estado, democratizar el régimen y, al mismo tiempo, crear una nueva economía productiva que ofrezca el empleo estable y bien pagado del que hasta la fecha carecía la economía rentista? El resultado político hasta el momento es incierto: los demócratas y los socialistas compiten con fuerzas clericales, monárquicas y neoliberales financiadas por Estados Unidos.

Es prematuro celebrar una revolución democrática popular.

James Petras, Rebelión

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